La iniciativa propone establecer requisitos obligatorios para corredores de propiedades, crear licencias renovables, regular plataformas digitales inmobiliarias y fijar deberes de transparencia y protección para consumidores en operaciones sobre bienes raíces.
Ingresó a tramitación en el Senado el proyecto de ley que regula el corretaje de propiedades y su ejercicio mediante plataformas digitales, iniciativa presentada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza y Matías Walker, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda.
La moción busca establecer un marco jurídico integral para el corretaje inmobiliario, fijando requisitos de habilitación, obligaciones profesionales, condiciones contractuales y reglas especiales para plataformas digitales dedicadas a la intermediación de bienes raíces.
Según expone el proyecto, el corretaje de propiedades constituye “una función económica de primera relevancia para el mercado inmobiliario nacional”, ya que facilita el encuentro entre oferta y demanda y contribuye a que las operaciones inmobiliarias se desarrollen “en condiciones de mayor eficiencia, seguridad y transparencia”.
Sin embargo, la iniciativa advierte que actualmente esta actividad “carece de un marco regulatorio específico”, permitiendo que cualquier persona pueda ejercer labores de corretaje sin acreditar conocimientos técnicos, solvencia moral o sujeción a fiscalización estatal.
El proyecto sostiene que esta ausencia de regulación resulta especialmente grave considerando la magnitud económica de las operaciones inmobiliarias y la complejidad técnica asociada a materias jurídicas, financieras, urbanísticas y constructivas involucradas en compraventas y arriendos de inmuebles.
Asimismo, la moción afirma que en este mercado existe “una marcada vulnerabilidad” de los consumidores frente a la asimetría de información que manejan los intermediarios inmobiliarios. “La intermediación inmobiliaria deja de ser un simple servicio comercial para convertirse en una actividad cuyo ejercicio responsable resulta determinante en la protección de derechos fundamentales”, señala expresamente el texto.
La iniciativa agrega que la falta de regulación expone a consumidores a “prácticas abusivas, fraudes, estafas, publicidad engañosa y conflictos de intereses”, afectando además la confianza pública y la transparencia del mercado inmobiliario.
En esa línea, el proyecto sostiene que la informalidad del sector también genera consecuencias en materia de libre competencia y fiscalización tributaria, facilitando evasión y afectando a corredores que ejercen profesionalmente la actividad.
La moción cita además experiencias comparadas en países como Panamá, España, Perú y Uruguay, donde existen sistemas de habilitación profesional, registros oficiales y mecanismos de fiscalización y sanción para corredores inmobiliarios.
Particularmente, el proyecto destaca el modelo panameño, vigente desde 1999, que exige licencias otorgadas por una Junta Técnica de Bienes Raíces, acreditación de conocimientos técnicos, verificación de antecedentes y facultades de fiscalización y sanción. Según el texto, esta experiencia demuestra que regular el corretaje inmobiliario “es plenamente compatible con la libertad de empresa”.
“Lejos de restringir la actividad económica, la fortalece al dotarla de mayor credibilidad y confianza pública”, sostiene expresamente la moción respecto de este tipo de regulaciones.
En concreto, el proyecto establece que para ejercer el corretaje de propiedades será obligatorio contar con una licencia especial, la que deberá renovarse cada cinco años.
Entre los requisitos para obtenerla, se contempla ser mayor de edad, ser chileno o extranjero con residencia definitiva, no haber sido condenado por delitos que merezcan pena aflictiva y aprobar un curso de corretaje impartido por instituciones de educación superior reconocidas oficialmente.
La propuesta regula además derechos y obligaciones de los corredores, estableciendo deberes de actuar “de manera imparcial, honesta y leal”, entregar información clara y veraz, publicar el número de licencia en sus ofertas y mantener reserva de información cuando corresponda.
Asimismo, se prohíbe expresamente efectuar publicidad engañosa o retener documentos o valores pertenecientes a las partes involucradas en las operaciones inmobiliarias.
El proyecto incorpora además reglas específicas para contratos de corretaje, definiendo el pago de honorarios y regulando las comisiones que perciban los intermediarios.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la regulación de plataformas digitales inmobiliarias. En ese sentido, se establece que sitios web y plataformas que publiquen ofertas de bienes raíces deberán contar con mecanismos que permitan exhibir y autentificar el número de licencia de corredores autorizados.
Además, el proyecto dispone que un reglamento determinará la cantidad de ofertas que podrán realizar personas naturales o jurídicas que no tengan la calidad de corredores de propiedades.
La iniciativa también prohíbe republicar avisos de corredores sin su consentimiento expreso y restringe el ejercicio del corretaje a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en Chile.
Finalmente, la propuesta contempla normas transitorias que permiten exceptuar del requisito de aprobar cursos formales a personas o empresas que acrediten haber ejercido actividades de corretaje durante al menos cinco años continuos antes de la entrada en vigencia de la ley.
Vea texto moción Boletín Rol N°18.241-03 y siga su tramitación aquí.
(Fuente: diarioconstitucional.cl)
